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En marzo del 2020 el gobierno peruano declaró Estado de Emergencia Nacional y dispuso del confinamiento estricto en respuesta a la pandemia del COVID-19, permitiendo solo a las empresas involucradas en la producción de bienes esenciales a permanecer operativas.
Para la industria maderera nacional, esto significó que tan solo los productores de parihuelas puedan continuar operando, debido a su estrecha relación con la logística de bienes a lo largo de las cadenas de abastecimiento.
A fines de mayo del 2020, la industria maderera reinició operaciones gradualmente. De todos modos, las secuelas posteriores al confinamiento continúan siendo potencialmente perjudiciales en el largo plazo. En pocas palabras, la industria se enfrenta a una crisis.
La reducción de la extracción de madera puede parecer favorable para fines de protección, sin embargo, las operaciones del manejo y las supervisiones de las autoridades competentes también se vio afectada debido a que no se podían realizar trabajos de campo. La falta de supervisión regular y las actividades de la aplicación de las regulaciones han incrementado los riesgos de tala ilegal y el tráfico de madera en el país.[1]
En agosto del 2020, Forest Trends, en conjunto con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y la Asociación de exportadores (ADEX), realizaron una encuesta a 12 industrias madereras peruanas para conocer los impactos de la COVID-19 tras el estado de confinamiento en el país.
En conjunto, estas empresas fueron responsables de más del 35% del total de exportaciones de madera desde el Perú en el 2019, y más del 40% durante el primer trimestre del 2020, principalmente en productos como pisos, molduras, y frisos (50%), madera aserrada (17%), puertas y marcos (17%), productos de carpintería (8%), y muebles (8%).
Al comparar las exportaciones peruanas de madera entre enero y agosto del 2019 con aquellas para el mismo periodo del 2020, se puede notar una caída cercana al -32%.[2] Esta tendencia podría afectar y cambiar la cadena de abastecimientos.
Los resultados de esta encuesta arrojan luces sobre la naturaleza de la crisis que enfrenta actualmente la industria maderera, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, y apunta hacia posibles vías para ayudar a minimizar los impactos negativos sobre los negocios, así como sobre los bosques valiosos del Perú.
Impacto sobre las empresas
En cierto modo, el impacto real de la COVID-19 sobre el sector forestal peruano solo se hará completamente evidente a fines del 2020, cuando las operaciones de extracción y transformación estén culminando. Sin embargo, los resultados de esta encuesta proporcionan algunas pistas iniciales.
Flujos de efectivo: Todas las empresas entrevistadas reportaron que la crisis económica sucedida tras el confinamiento afectó sus flujos de efectivo. La mayoría reportaron una reducción significativa (42%) principalmente debido a la cancelación de órdenes de venta. 25% reportaron que más de la mitad de órdenes de sus pedidos de venta fueron cancelados.
Cadena de abastecimiento: En el primer trimestre del 2020, las operaciones de tala y extracción en concesiones forestales se redujeron entre el 80%
y el 100% en comparación con el año anterior. Como resultado, el 75% de los encuestados reportaron una escasez dramática, y cada vez mayor, de materias primas necesarias para mantener las operaciones de los aserraderos a su capacidad total.
Adicionalmente, el 17% de los encuestados reportaron dificultades para obtener la documentación requerida para demostrar el origen legal de los productos, debido también al cierre de las oficinas regionales; y el 8% reportó, además, dificultades relacionadas a la fluctuación de los costos asociados a estas gestiones.
Niveles de producción: Todas las empresas entrevistadas retomaron operaciones en agosto del 2020, y reportaron cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria impuestos por el gobierno.
La mitad reportaron la necesidad de retomar operaciones debido a sus obligaciones financieras y el cumplimiento de las ordenes de pedido pendientes. Otros citaron la necesidad de retomar las operaciones de extracción en sus bosques (33%), y utilizar el apoyo provisto por el gobierno (17%).
De todos modos, la industria maderera en el Perú atraviesa aun varias dificultades. Para agosto del 2020, ninguna de las empresas entrevistadas se encontraba aun operando en su totalidad. 41% reportaron estar operando a la mitad de su capacidad instalada, mientras que el 42% proyectaron entre seis meses a un año para recuperar sus flujos habituales de producción.
Empleo: La mitad de los entrevistados reportaron haber tenido una reducción en su personal, y tan solo 22% pudo proporcionar una compensación social o económica a sus trabajadores despedidos. Algunos empleados recibieron licencias temporales sin goce de haberes, pero con el beneficio de continuar acumulando vacaciones u otras bonificaciones. Otros han conservados sus puestos de trabajo aceptando recuperar horas trabajando fines de semana y hasta días festivos.
Apoyo del gobierno: El gobierno peruano implementó un paquete de estímulo económico (“Reactiva” 1 y 2) para impulsar la recuperación del sector privado durante las crisis de la COVID-19. Este estímulo permite a las empresas solicitar créditos de la banca comercial teniendo al gobierno como garante.
Más de la mitad de las empresas entrevistadas (58%) reportaron haberse beneficiado de este programa. Sin embargo, las empresas requieren de apoyo adicional que pueda permitirles (i) congelar o reprogramar deudas financieras, (ii) acceder a créditos blandos u otros mecanismos financieros, (iii) agilizar y optimizar los procesos en la gestión pública de las oficinas forestales, (iv) extender o reprogramar los plazos en los permisos de aprovechamiento y transporte de madera.
Mirando hacia el futuro
Apoyo del gobierno: La sociedad civil y algunos medios de comunicación en el Perú han manifestado su preocupación criticando los paquetes de estímulo implementados por el gobierno señalando que carecen de salvaguardas ambientales. Debido a ello, solicitan al gobierno peruano enfocar estos estímulos hacia empresas que cumplan con buenas prácticas corporativas, dando apoyo preferencial frente aquellas que cuenten con malos antecedentes de cumplimiento.
Por ejemplo, una empresa, actualmente bajo investigación de las autoridades peruanas por tráfico de madera, ha recibido más de US$ 350,000 dólares a través de este programa. Las exportaciones de esta misma empresa fueron suspendidas de ingresar hacia los Estados Unidos desde 2017, y una extensión de esta sanción ha sido anunciada en octubre del 2020.[3] Este tipo de empresas, señalan las críticas, no debería ser beneficiadas a través de estos programas.
El sector público tiene un rol fundamental que desempeñar en el apoyo a la industria maderera, al mismo tiempo que se mantiene la sostenibilidad y los objetivos ambientales hacia el largo plazo. Los organismos financieros internacionales y multilaterales, liderados por las agencias de las Naciones Unidas, así como inversionistas y mentores de impacto están promoviendo mecanismos innovadores en apoyo hacia los esfuerzos por una recuperación verde en los países en desarrollo.
Estos esfuerzos incluyen otorgar un mayor grado de concesionalidad hacia la pequeña y mediana empresas (por ejemplo, pequeños aserraderos) y, al mismo tiempo, atrayendo inversión privada. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos se basa en que las empresas establezcan y puedan demostrar un proceso riguroso de diligencia debida. En la ausencia de tales procesos, será difícil garantizar que los fondos se utilicen para los esfuerzos de recuperación y que puedan cumplir con los requisitos de reducción del riesgo de sus futuros socios financieros.
El sector público debe apoyar a las empresas a establecer estos procesos de diligencia debida y a transparentar la información a lo largo de las cadenas de abastecimiento. Básicamente, esto ayudará a las empresas a desempeñarse con una mayor resiliencia y la rapidez necesaria no solo para recuperarse de la pos pandemia, sino también para orientar la gestión del negocio hacia prácticas innovadoras, rentables, y transparentes que se requieren cada vez más en cadenas de abastecimiento globales.
Prácticas empresariales: Las empresas con concesiones forestales están preocupadas por las amenazas de invasión de madereros ilegales en caso de que el gobierno vuelva a establecer un periodo de confinamiento. Estás mismas empresas han expresado su preferencia, en cambio, por confinamientos parciales o focalizados, bajo los cuales podrían continuar con las operaciones forestales de extracción, transporte, y aserrío, al menos en las zonas menos afectadas por la COVID-19. Presumiblemente, esto también incluiría la continuidad de las actividades de supervisión por parte del OSINFOR.
De todos modos, el futuro no es tan sombrío para el comercio de madera de origen conocido. De hecho, aquellas industrias madereras que implementen sistemas sólidos de diligencia debida y verificación de documentos también estarán facilitando una gestión simplificada a lo largo de la cadena de abastecimiento – y se consideraría que es más probable que subsistan. El proporcionar la documentación adecuada para verificar que los productos están cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales es una de las formas en las que las empresas pueden incrementar su participación en el mercado.
Aun así, las empresas siempre deben adaptarse a las fluctuaciones inesperadas del mercado. En este caso, deben planificar con anticipación posibles confinamientos futuros y anticipar su vulnerabilidad en el mercado. Un seguimiento estrecho de toda la cadena de abastecimiento puede permitir a las empresas identificar posibles cuellos de botella y buscar alternativas en el abastecimiento o los servicios, lo que ayudará a reducir impactos financieros repentinos. Cuanto menor sea la distancia geográfica entre uno y otro eslabón de la cadena de valor, más fácil será anteponerse. Por lo tanto, se sugiere a las empresas reubicar sus operaciones o dirigirse a nuevos nichos de mercado.
Las creaciones de alianzas comerciales de largo plazo pueden también impulsar la eficiencia de las operaciones y reducir costos. Las asociaciones de productores o los gremios industriales pueden desempeñar un rol clave colaborando con la conformación de cadenas de abastecimiento responsables en el mercado nacional, e impulsando políticas de compras públicas de madera de origen legal verificado.
Apoyo adicional
Algunas acciones adicionales que podrían ayudar a la industria a sobrellevar el mal tiempo y adecuarse a una próxima recesión económica, así como a adaptarse a un mercado global en constante evolución, incluyen:
Mejorar la capacitación hacia las empresas: Para hacer frente a este periodo de cambios inesperados, las autoridades competentes pueden y deben preparar programas de capacitación en línea, ofreciendo asesoría especializada adaptada a grupos específicos o hecha a la medida para resolver problemas puntuales.
Disponer de información actualizada: Contar con boletines informativos explicando la implementación de nuevas regulaciones, el uso de herramientas o información en línea, información sobre las tendencias de mercados, entre otros, son hoy en día recursos muy útiles.
Impulsando la eficiencia de los servicios públicos: Las agencias de gobierno vinculadas a la gestión forestal deben aprovechar esta situación para analizar, evaluar y mejorar sus procesos de gestión. Estos esfuerzos deben estar enfocados a, por ejemplo, incrementar la eficiencia de los servicios existentes (por ejemplo, el tiempo de espera); incrementar el número de usuarios; al mismo tiempo que se mantiene y recupera la cobertura forestal.
Adopción de herramientas digitales: La implementación de herramientas digitales de monitoreo, trazabilidad, o de recursos que permitan la verificación del origen de los productos permitirán fortalecer el sistema nacional para asegurar la legalidad de la madera en el Perú, mejorando la reputación comercial y generando mayores oportunidades dentro de un rango más amplio de mercados. También contribuirá a la implementación de una política nacional de compras públicas responsables de madera.
Reconocimiento y apoyo a las iniciativas de la sociedad civil organizada: Mientras tanto, y en ausencia de la puesta en práctica de un sistema nacional que asegure la legalidad de la madera, las iniciativas de supervisión auto-gestionadas por comunidades indígenas o los esquemas de certificación independientes sobre el manejo de los bosques son herramientas válidas y útiles para fomentar un mercado más responsable, y así promover la conservación de los bosques.
Conclusión
La pandemia del COVID-19, y el posterior periodo de confinamiento, han llevado a la industria maderera nacional a una crisis. Al mismo tiempo, las dificultades para efectuar actividades de supervisión y control por parte de las autoridades forestales han dejado las puertas abiertas a la tala ilegal. Una respuesta efectiva hacia esta crisis por parte del gobierno, las autoridades competentes, y el sector privado, determinarán su legado. Con un apoyo mejor enfocado, innovación tecnológica y mejores prácticas de responsabilidad, puede surgir una industria maderera más competitiva y ética, contribuyendo a los esfuerzos de recuperación y la conservación de los valiosos bosques naturales del Perú.
[1] Para referencias adicionales, por favor ver: https://www.forest-trends.org/publications/buscando-tras-la-corteza-trazabilidad-de-la-madera-y-regulaciones-para-el-control-de-la-cadena-de-produccion-forestal-en-el-peru/
[2] ADEX (2020): Boletín Informativo de la Gerencia de Servicios e Industria Extractivas. October 2020.
[3] https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/october/ustr-announces-enforcement-action-block-illegal-timber-imports-peru
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